El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ese volumen de respuestas, cuatro concentran el núcleo de los cuestionamientos que la oposición acumula desde hace semanas: el viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la Televisión Pública.
El viaje a Punta del Este y el registro ante la Oficina Anticorrupción
Ante la Pregunta N° 559, que solicitaba saber si el viaje fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros, el Gobierno respondió que no existe obligación de registrarlo. El argumento es que el Decreto 1179/2016 limita ese registro a traslados financiados por terceros “para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales”. La respuesta agrega que Adorni presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción (OA) informó “la inexistencia de conflictos de interés en el caso”.
La respuesta no precisa si alguna autoridad evaluó activamente si correspondía o no el registro, ni si los financiadores del viaje mantienen vínculos contractuales con el Estado. La pregunta legislativa apuntaba en esa dirección: quién pagó, por qué lo hizo y qué relación une a esas personas con la administración pública.
La Justicia federal avanzó en ese terreno. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan el viaje bajo la figura de dádivas. Según declaró ante el juzgado Vanesa Tossi, gerenta comercial de Jag Executive Aviation —la empresa que vendió el vuelo—, fue Grandio quien pagó los pasajes y quien indicó expresamente que “la familia invitada” era la del jefe de Gabinete. Los chats incorporados a la causa muestran que Grandio solicitó que los tickets se facturaran a nombre de Imhouse, su productora, que en ese momento ya tenía contratos con la TV Pública. El tramo de vuelta fue facturado directamente a Grandio por USD 3.000.
Patrimonio: la declaración jurada pública y el anexo reservado
La Pregunta N° 1780 pedía el detalle de la evolución patrimonial de Adorni y su cónyuge desde el inicio de la función pública, y si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado. La respuesta remite a la declaración jurada disponible en el portal datos.gob.ar, señala que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246 —de carácter confidencial— y deriva la pregunta sobre erogaciones de comitiva a la Pregunta N° 1997.
La declaración jurada pública de Adorni corresponde al período 2024. En ella figuran un departamento en Parque Chacabuco —del que es cotitular con su esposa al 50%— y otro en La Plata, recibido como donación familiar. No aparecen en ese documento el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, escriturado el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, a fines de 2024. El plazo para presentar la declaración de 2025 vence el 31 de julio.
La compra del departamento de Caballito presenta una estructura financiera que la Justicia analiza: las propias vendedoras, dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, aportaron un crédito hipotecario de USD 200.000, equivalente al 87% del precio total, y quedaron como acreedoras en partes iguales. La diputada Marcela Pagano, que impulsó la denuncia original, señaló que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal.
Ante los periodistas en una conferencia de prensa del 25 de marzo, Adorni dijo: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, y se negó a dar más precisiones con el argumento de que existe una causa judicial en trámite.
Grandio y la TV Pública: la distinción entre persona y productora
La Pregunta N° 1655 solicitaba la lista de programas que Grandio tuvo en la TV Pública en 2025 y los contratos correspondientes. La respuesta del Gobierno es directa: “El Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.”, con respaldo en información suministrada por la propia empresa y puesta a disposición de la Justicia.
La afirmación es técnicamente precisa en un sentido estricto. Imhouse, la productora de Grandio, sí firmó contratos con Radio y Televisión Argentina (RTA). La Justicia incorporó a la causa al menos seis acuerdos de coproducción, secuestrados en un allanamiento de fines de marzo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El primero de esos contratos se firmó en abril de 2024, cuatro meses después de que Adorni asumiera como secretario de Comunicación y Medios, área de la que depende RTA.
Bajo esos acuerdos, el Estado cedió estudios, escenografía, equipos técnicos y personal sin costo para los programas “Giros en Línea Recta”, “Enredados” y “La Sala”. Los registros bancarios incorporados a la investigación revelan además diez transferencias desde la productora de Grandio hacia las cuentas de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, por un total de $1.670.900, en el período previo a la asunción del Gobierno. Los investigadores buscan determinar el concepto real de esos pagos.
Viajes presidenciales: trece giras, $425 millones y una invitada
La Pregunta N° 1997 pedía el listado completo de viajes internacionales del Presidente y del jefe de Gabinete, con fechas, destinos, costos y composición de las comitivas. La respuesta detalla trece viajes de Javier Milei entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con montos en pesos para cada uno. El gasto total declarado supera los $425 millones de pesos.
El viaje más costoso fue el traslado a Nueva York para la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2025, con un gasto de $115.704.550. Le siguió la gira por Miami, Nueva York y Santiago de Chile de marzo de 2026, que insumió $85.677.704,47, y la participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026, por $73.179.186,07.
Ese último tramo —Miami y Nueva York— es el que concentra uno de los señalamientos de la oposición. La propia respuesta oficial consigna que Angeletti viajó en carácter de “invitada” en la comitiva presidencial. El informe no desagrega cuánto de los $85 millones de ese trayecto correspondió al alojamiento y traslado de la esposa del jefe de Gabinete.
Sobre los viajes del propio Adorni, la respuesta oficial dice que “el Estado Nacional no guarda registro respecto del destino, fechas exactas, duración y carácter del viaje de vuelos personales llevados a cabo por sus funcionarios”. La pregunta sobre si el Presidente o algún funcionario percibió honorarios por participar en eventos privados no recibe respuesta en el informe.
La causa por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Lijo confirmó además que Adorni viajó a Aruba para recibir el Año Nuevo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, cuando se desempeñaba como vocero presidencial.
La declaración jurada que aún no se presentó
La Pregunta N° 1535, también de Unión por la Patria, plantea una omisión normativa puntual: por qué Adorni no presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral como Jefe de Gabinete dentro de los 30 días hábiles desde su asunción del 5 de noviembre de 2025, plazo que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 25.188 y el decreto 164/99, y si fue intimado por la autoridad competente. La respuesta oficial es la admisión más explícita del informe: “Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete”.
El detalle es importante. La actualización por nuevo cargo —exigida cuando un funcionario asume un puesto distinto al que ya tenía declarado— no se confunde con la presentación anual ordinaria, cuyo plazo recién vence el 31 de julio. La declaración jurada disponible públicamente sigue siendo, hasta esa fecha, la del período 2024: la que no incluye ni el departamento de Caballito ni la casa en Indio Cuá Golf Club. El plazo ordinario opera, en los hechos, como un cierre adicional de la información hasta julio.
Las preguntas de Provincias Unidas
Más allá de la Pregunta N° 1997, el informe contiene cuatro preguntas correlativas del bloque Provincias Unidas que avanzan ordenadamente sobre el viaje a Punta del Este. La N° 551 indagó si el viaje fue registrado en agendas oficiales. La N° 552 pidió fechas, itinerario, aeropuertos, tipo de aeronave, matrícula, empresa operadora y titular registral. La N° 555 reclamó copia de facturas, comprobantes de pago, contratos, manifiestos de vuelo, planes de vuelo y registros migratorios. La N° 559 cerró la secuencia preguntando si el viaje fue declarado ante la Oficina Anticorrupción.
La respuesta oficial a las cuatro es la misma fórmula reiterada: “El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete”. La N° 552, sin embargo, contiene una variante notable: el Gobierno alegó que “la consulta no individualiza el viaje al que se hace referencia, por lo que no resulta posible brindar el detalle requerido en los términos planteados”. La pregunta inmediata anterior —N° 551, del mismo bloque y la misma serie— sí individualizó el viaje: Punta del Este, fin de semana de carnaval de 2026.
La consultora de la esposa
La Pregunta N° 1782, formulada por Unión por la Patria, pidió detalle de los contratos y vinculaciones empresariales de la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, con el Estado, organismos descentralizados y empresas con participación accionaria estatal. La pregunta refiere específicamente una denuncia judicial: la firma habría facturado $6.370.000 por capacitaciones brindadas a National Shipping S.A. los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, cuando Adorni ya era funcionario nacional. Los diputados pidieron que el Jefe de Gabinete informara si declaró formalmente ese vínculo y si se abstuvo de intervenir en cualquier decisión que pudiera beneficiar a esa empresa.
La respuesta oficial es una triple remisión —a las preguntas 180, 1780 y 548— sin aporte sustantivo. La fórmula central, contenida en la respuesta a la Pregunta N° 1080, es: “La Oficina Nacional de Contrataciones informa que no se registran contrataciones de ‘+BE’ con el Estado Nacional”. La precisión es relevante: la afirmación se limita al Estado Nacional. National Shipping S.A. no integra el universo del Estado, pero sí mantiene contratos con YPF, controlada por el Estado. Esa distinción —entre el Estado Nacional estricto y las empresas con participación estatal— es la que la respuesta oficial elude.